Hoy en día, con el acelerado incremento de las tecnologías digitales en el mundo, pasando de la Revolución Industrial a la Revolución Digital, se plantean nuevos desafíos en las formas en que las personas pueden ser y comportarse como ciudadanos. Este estatuto implica la posibilidad de que las personas puedan ser escuchadas por los tomadores de decisiones y que las problemáticas que son parte de sus rutinas sean tomadas en cuenta en las políticas públicas. En este sentido, podemos constatar que existe una brecha entre el fenómeno procedimental de participación y la posibilidad de dar la opinión respecto al rumbo que se crea en el parlamento. Se puede, en este sentido, recordar la propuesta de La Jaula de Hierro que alguna vez estableció Weber, en donde el Estado se convierte en una máquina a la que los individuos se someten sin derecho a réplica (Cousiño, 1998).
Podemos diagnosticar que existe un avance en la materia de procesos y relaciones con el Estado como lo muestra el caso de Estonia, país en donde no es necesario portar la licencia de conducir, ya que la seguridad pública cuenta con una base de datos sistematizada en las cédulas de identidad de las personas. En el caso de Chile, existe el esfuerzo por establecer una clave única que haga más sencillos los trámites legales y de registro de las personas, además de la firma digital (Pareja, Pedak, Gómez y Barros , 2017) y de la creación de una plataforma digital para que diversas instituciones puedan vender artículos al Estado que sirvan de insumos para la realización de políticas públicas. Hemos podido notar un avance en ese aspecto con respecto a la modificación de la ley 19.628 (1999), iniciada en el año 2017, que dice tiene relación con la privacidad digital de las personas. Todo esto significa un esfuerzo muy importante para la adecuación del Estado a los desafíos que plantea la era digital en la relación con los ciudadanos, sin embargo, se debe ver también los esfuerzos porque la opinión de las personas sea escuchada e informada, lo que se ha llamado Gobierno abierto digital (Concha y Naser, 2012).
El Open Government Digital deriva de la filosofía de gobierno del Open Government, doctrina que aboga por hacer visibles y públicas las prácticas estatales a partir de una serie de mecanismos entre los cuales se incluyen el fomento de la participación ciudadana en las decisiones, la colaboración con entidades de la sociedad civil y privada para la ejecución de políticas públicas, y la transparencia en los quehaceres y labores del Estado.
Participación, colaboración, y transparencia, son entonces los tres pilares del Open Government a nivel mundial (Guerrero, Harrison, & Pardo, 2011). Con el ingreso de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), la práctica del Open Government tomó un rumbo radicalmente nuevo, introduciendo en su funcionamiento mecanismos de carácter digital, como lo son la visualización de datos e información, los portales de datos abiertos, las consultas ciudadanas y la organización de debates públicos online, plataformas web para la gestión de transversalidad e interoperabilidad entre los aparatos del Estado, etc. Dicha innovación digital en el aparataje estatal posibilitó la creación de numerosas formas de trabajo en términos de Open Government, tales como nuevos modelos de gestión de los servicios públicos, el co-diseño de políticas públicas, la co-creación de valor público, la organización y promoción de asociación entre Estado, sociedad civil y empresas, entre otros.
Estas nuevas características adquiridas por el Open Government mediante la introducción de tecnologías TIC en su funcionamiento posibilitó la generación de una nueva forma de democracia en el contexto del capitalismo actual: la democracia digital. Esta modalidad de democracia se presenta como una actualización a gran escala del modelo de funcionamiento político de los estados democráticos contemporáneos, permitiendo una apertura hacia el público contundente de la información que maneja el organismo estatal, además de facilitar a la ciudadanía una participación real en las labores del Estado. Esta facilitación de la participación ciudadana en los quehaceres estatales ha permitido que esta nueva modalidad de democracia sea más efectiva y consistente, contribuyendo a fortalecer la relación entre la sociedad civil, el empresariado y el Estado como nunca antes. Esta es la razón por la cual es posible afirmar que la democracia capitalista tradicional se encuentra en un proceso de transformación profundo hacia un nuevo estado organizativo, el cual depende casi por completo de las nuevas tecnologías digitales de la información y la comunicación.
De esta forma, desestimar componentes tecnológicos digitales en las labores estatales de la actualidad se está convirtiendo cada vez más en un signo de estrechez democrática, toda vez que el modelo mismo de democracia actual está dependiendo ampliamente de estas nuevas tecnologías para subsistir. Es así como la presencia de una institucionalidad de Open Government Digital es crucial para sostener los nuevos modelos democráticos conformados. Sin embargo, este desarrollo es extremadamente dispar si los comparamos entre países en distintas vías de desarrollo. La presencia del Open Government Digital en países desarrollados como Canadá, Estados Unidos y España representa un ejemplo a seguir en la manera en que se ejerce la democracia. Mediante la confección de plataformas como el Service Canada (plataforma de servicios integrados y personalizados para el usuario) (Kaufman, 2012); la iniciativa de Open Government estadounidense – que busca que las personas se involucran en la creación de plataformas digitales de integración ciudadana –; y el caso de Ikeria en el País Vasco – ejemplo de Open Government a nivel provincial que se basa en una comunicación directa y en tiempo real entre el gobierno y la ciudadanía mediante diversos canales digitales que buscan integrar las propuestas ciudadanas en el quehacer del ejectivo –,estos países se han convertido en líderes del Open Government Digital en el mundo.
Caso contrario es el de Chile, donde no se han integrado de manera concreta estos avances tecnológicos en pos de la solidificación del Open Government y la democracia digital. Aparte de medidas aisladas mencionadas anteriormente, sólo podemos destacar la Ley número 20.285 (2008) de Transparencia promulgada por el primer gobierno de Michelle Bachelet, la cual abre la posibilidad de que los ciudadanos exijan una rendición de cuentas de los gastos de las instituciones públicas. Sin embargo, si bien dicha ley estipula que el Estado tiene un plazo de 20 días para responder a la solicitud, aun así existe la posibilidad de que la solicitud sea rechazada bajo argumentos de carácter interno. Esta situación da cuenta de la focalización en el desarrollo de políticas de Open Government Digital que está tomando el país, la cual se ha centrado más en el cumplimiento de procedimientos estandarizados que en la incorporación de fondo de la idea de la democracia digital e inclusión ciudadana bajo los parámetros de la participación y la colaboración.
Esto nos lleva de nuevo a la conceptualización weberiana de la Jaula de Hierro, ya que, si bien en el papel los procedimientos están presentes, la información real es accesible sólo para grupos específicos de gente, especialmente aquellos que tengan el tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo una solicitud formal y analizar los documentos entregados de manera acabada, siendo de todas maneras susceptibles de rechazo por parte del gobierno. Este mismo problema puede extenderse a las Consultas Ciudadanas que fueron creadas por El Decreto número 1.053 (2015), las cuales buscan que los ciudadanos puedan manifestar su opinión con respecto a proyectos de ley que les incumben, pero sin la posibilidad de incidir sustancialmente en ellos.
Por otro lado, y profundizando este magro manejo de medidas que incentiven la democracia digital, el gobierno ha echado mano de procedimientos que en sí carecen de cualquier tipo de formalidad para relacionarse con la ciudadanía, tales como son las redes sociales. Mediante la activa participación en redes sociales, algunos departamentos gubernamentales han mostrado una imagen de cercanía y conexión con los ciudadanos, situación que no ha contribuido en ningún aspecto sustancial a la participación y colaboración ciudadana con las prácticas gubernamentales. Así, se han desestimado procesos de mayor robustez tanto de contendido como de metodología para llevar a cabo políticas de inclusión ciudadana, generando un grave detrimento a la posibilidad de concretar un espacio democrático afín a los nuevos cambios digitales en el mundo.
A partir de lo diagnosticado anteriormente, es posible concluir que los regímenes democráticos actuales están transformando la manera en que se constituyen como tales, incluyendo sistemas de alto contenido digital para fomentar tanto la transparencia de las prácticas estatales, como la participación y colaboración ciudadanas, todas ellas medidas que se insertan en la nueva modalidad del Open Government Digital (Guerrero, Harrison, & Pardo, 2011).
Existen, sin embargo, distintos niveles de desarrollo en el mundo respecto a esta iniciativa. Si bien países como Canadá y Estados Unidos están liderando el mundo en base a políticas de Open Government Digital, países como Chile se encuentran en un nivel de subdesarrollo preocupante respecto a estas prácticas. Lo que hace problemático este retraso, más allá del hecho mismo de carecer de plataformas de participación y colaboración ciudadana concretas, es el hecho de que un régimen autodenominado democrático ya no podrá asumirse como tal sin integrar estas prácticas, por lo que la organización política de los países que no incluyan dentro de sus programas base iniciativas de inclusión ciudadana, específicamente digital, perderán el estatuto democrático que inicialmente se les atribuyó previo a estos cambios. Todo esto va de la mano con la vieja discusión de si el voto cada 4 años es suficiente participación si realmente queremos ser tomados en cuenta como verdaderos ciudadanos por las capas políticas. Creemos que una solución factible a este mero procedimentalismo chileno es el de lograr una mayor difusión de los canales participativos existentes que tiene el gobierno, restarle énfasis a la relación con la ciudadanía vía redes sociales, y generar nuevos y mejores canales de participación y colaboración ciudadana a partir de plataformas digitales diseñadas específicamente para este fin.
Bibliografía
Concha, G., & Naser, A. (2012). El desafío hacia el gobierno abierto en la hora de la igualdad. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Cousiño, C. (1998). La jaula de hierro. Estudios Públicos, 71 (17). 45-61
Gobierno de Chile (2008). Ley de acceso a información pública (Ley n° 20.285). Santiago, Chile: Autor
Guerrero, S., Harrison, T., & Pardo, T. e. (2011). Open Government and E-Government: Democratic Challenges from a Public Value Perspective. Albany: Center for Technology in Government.
Kaufman, E. (2012). Aportes para el gobierno abierto y la entrega de servicios. Experiencias canadienses. Buenos Aires: E. Book.
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile. Norma general de participación ciudadana (Decreto 1053). Santiago, Chile: Autor
Pareja, A. Pedak, M Gómez. C. Barros, A. (2017). Gestión de la Identidad y su Impacto en la Economía Digital (Documento n° IDB-DP-529). Recuperado de Banco Interamericano de Desarrollo: https://publications.iadb.org/handle/11319/8474
Muy interesante artículo, que comienza citando un concepto clásico de la sociología como es la “Jaula de Hierro”, poniendo en perspectiva cómo estaría mutando la idea de un estado democrático de la mano de las nuevas tecnologías de la información. Es muy complejo el escenario de la democracia en estos tiempos y creo que el capítulo digital lejos de ofrecer soluciones a viejos problemas, trae enormes desafíos y dilemas. Winston Churchill afirmó que la democracia “es el único arreglo político que permite equilibrar la búsqueda del bienestar colectivo y la protección de las libertades individuales”, así como acuñó también su célebre frase “la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado.” El estado democrático es imperfecto, en especial en los países en desarrollo como Chile, que presenta considerables falencias en los diseños e implementación de políticas públicas en la materia. Basta con reconocer la enorme confusión que existe en algunos brazos del Estado al caer acríticamente en la idea de que para estar más cerca de las personas hay que estar en las redes sociales. En efecto, estas últimas plataformas mainstream poseen arquitecturas de participación privativas y simplistas, que como ya sabemos, son propicias a caer en conversaciones circulares, que mucho menos que establecer diálogos ciudadanos caen en el monólogo, la monotonía y la exaltación. Si existiese una suerte de Facebook, de propiedad del Estado, en el que cada ciudadano en mayoría de edad pudiese tener su perfil de usuario y participar activamente de la gestión del Estado y de los canales de comunicación para la democracia, sería con seguridad muy distinto a todo lo que conocemos. Quizás el proyecto Cybersyn, que fue abruptamente interrumpido en el Golpe de Estado de 1973, podría haber llegado a un nivel de desarrollo similar al que tienen algunos países del “primer mundo”. Mientras tanto, es urgente sumar inteligencia para conseguir mejores estadios de desarrollo en infraestructuras que, como ustedes bien dicen, son hoy un requisito indispensable para validar que vivimos en una democracia moderna y no una en la que solo cada cuatro años, y con un nivel de apatía creciente por parte de la ciudadanía, se expresa bajo la forma de voto.
Buen artículo Martín y Omar. Me parece muy acertado discutir sobre las ventajas y posibilidades de un gobierno abierto en un país donde la burocracia y el desfile de procedimientos desactualizados siguen siendo la norma.
Sin embargo, me parece que el uso del concepto “gobierno abierto” es difuso en su post: recordemos que gobierno abierto responde a la idea de facilitar el acceso a la información sobre los procesos y resultados de la administración pública, pero ¿Que link tendría con una mayor participación y colaboración ciudadana más allá de la transparencia? El puente no queda claro, ni siquiera en la literatura existente. Es por eso que les propongo el uso de “gobierno digital” el cual, de acuerdo con la OECD, promueve una mejor idea de procesos democráticos donde la participación ciudadana sea parte de un entramado de procesos basados en los usuarios, todo a partir de la modernización del diseño de servicios que integren a las nuevas tecnologías.
¿Es el caso de una nueva democracia? No lo creo, ya que la participación y colaboración no es un proceso que se desarrolle de facto dada la existencia de mayor transparencia y canales de información, lo que se exacerba dado que la mayoría de la población es inerte a la idea de organizarse. Acá, debemos sumarle un poco más de visión del ciudadano, después de todo el gobierno no vendrá a buscarnos para que nos levantemos de nuestras cómodas sillas y saquemos nuestros ojos del computador. En este caso, el gobierno puede funcionar como un facilitador, pero no puede generar la explosión de liderazgo ciudadano.
Ahora, y repitiendo la percepción de Pia Mancini, quien trabaja para actualizar la democracia en Argentina, “los desafíos que entrentamos no son tecnológicos, sino culturales”. Si queremos un gobierno digital que tenga éxito, debemos sumar manos, no sólo data.
¡Saludos!
Les dejo el link a la charla de Mancini respecto a la democracia en la era del internet: https://www.ted.com/talks/pia_mancini_how_to_upgrade_democracy_for_the_internet_era?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare